Autismo y política

El Síndic de Greuges (Síndico de Agravios) de Cataluña, Rafael Ribó, emitió recientemente una resolución dirigida al Parlamento “sobre la atención que reciben los niños que sufren Trastorno del Espectro Autista”, alertando sobre la existencia de “ciertas disfunciones que pueden afectar directamente al tratamiento que reciben” y que podrían impedir la continuidad de estos tratamientos en los dispositivos públicos y concertados. Hay que resaltar la excelente implantación que estos dispositivos han tenido en Cataluña durante las últimas décadas, dispositivos en los que varios colegas sostienen con la mayor dedicación una práctica de orientación psicoanalítica, supervisada y sometida a una constante dilucidación clínica. La resolución se refiere implícitamente al malestar producido en los últimos tiempos por las denuncias e intentos de exclusión de esta práctica por parte de algunos grupos de presión formados por profesionales y padres de niños diagnosticados de TEA.

Conocemos ya en otros lugares esta presión indigna que pretende excluir de forma tan autoritaria como clínicamente infundada la práctica con niños con autismo orientada por el psicoanálisis. Conocemos también la reciente decisión del parlamento francés que, previa alarma y aviso de nuestros colegas de la École de la Cause freudienne y del Institut psychanalytique de l‘enfant, no se ha dejado seducir finalmente por las sirenas del cientificismo a ultranza sostenido por estos lobbies de presión que pretendían excluir al psicoanálisis de la atención clínica a la infancia.

En una orientación política acorde con el principio democrático del derecho a la  elección, el Síndic de Greuges alerta sobre la necesidad de un “debate abierto y riguroso entre los profesionales sobre el abordaje de este trastorno y el tratamiento más adecuado respetando su criterio dentro de la deontología propia de esta disciplina”, teniendo en cuenta a todos “los profesionales que trabajan en este ámbito de diferentes orientaciones y escuelas de tratamiento para que el debate sea lo más plural y enriquecedor posible […] ya sea de tendencia más conductista, psicoanalítica o ecléctica”. Con el mejor tino, el Síndic indica que no le corresponde a su instancia institucional “posicionarse ni emitir una valoración sobre el abordaje y la fundamentación técnica en la que se basan los profesionales de la red pública a la hora de atender a los niños y adolescentes afectados de TEA”.

Saludemos por nuestra parte esta resolución en una política que se rehúsa a cumplir la función del Otro único de la garantía en nombre de un cientificismo cada vez más puesto en cuestión, una política que se rehúsa igualmente a identificarse con la supuesta garantía que vendría al lugar de la necesaria pluralidad en la elección de abordajes en este difícil campo de la clínica. A la vez, el político se desplaza así del lugar de ordenación e imposición de un saber que corresponde elaborar, evaluar y transmitir de la mejor manera al practicante que sostiene su lugar en la clínica.

Digámoslo en los términos que nos son cercanos a los lectores de Lacan: el recurso al ejercicio del poder —y el llamado al gestor y al político para que “ordenen” el campo de la clínica es aquí una forma insidiosa de este ejercicio— responde con frecuencia a la impotencia para sostener y autorizarse en una práctica.